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La sala de lo Penal del Tribunal Supremo condenó ayer a una antigua auxiliar administrativa del Ayuntamiento de Santa Cruz del Valle, que responde a las iniciales de C. G. G. La sentencia condena a dicha funcionaria un año y nueve meses de prisión ya una multa de nueve meses con una cuota diaria de seis euros, así como a la imposibilidad de ejercer cargo público alguno durante el tiempo de la condena, por un delito de falsedad en documento oficial cometido por un particular. También se ha tenido en cuenta, en este proceso, la circunstancia agravante de que se benefició para ello del carácter público que en ese momento ostentaba la condenada.
Los hechos se remontan al año 1996, cuando esta funcionaria dejó de presentar a la Junta 31 solicitudes de subvención de los olivareros de Santa Cruz. Para solventar su error, falsificó varios documentos, como ha reconocido la sentencia, para culpar a la Junta de la pérdida de estas ayudas, engañando además al entonces alcalde, Benito Cañadas Muñoz, de IU, cuando éste reclamó a la administración regional la correspondiente compensación para los agricultores perjudicados.
Tras una investigación, la Junta demostró las falsificaciones efectuadas por la condenada, por lo que el alcalde interpuso contra ella una denuncia penal. El Tribunal Supremo considera probados estos hechos, por lo que ha condenado a la mencionada C. G. G., resolviendo así el recurso de casación que ella misma interpuso ante la sentencia condenatoria dictada por la Audiencia Provincial de Ávila en febrero del pasado por el mismo delito de falsedad en documento público.
Tras las elecciones municipales celebradas en el año 1999, Rául Sánchez Moreno, del Partido popular, pasó a ser alcalde de Santa Cruz y retiró al Ayuntamiento como parte acusadora, lo que llevó al grupo municipal de IU a personarse como acusación particular. El coordinador provincial de IU, Serafín de Tapia, apuntó, tras conocer la sentencia, que «el Tribunal Supremo ha dejado en evidencia al alcalde del Partido Popular, quien no dudó en desentenderse de la búsqueda de justicia y del resarcimiento de 31 olivareros perjudicados».
Asimismo, añadía, siempre nos hemos preguntado en IU que fue lo que indujo a don Rául Sanchez a proteger a esta persona, la cual ya había sido condenada otro proceso por apropiación indebida de dinero público”.
La opinión del coordinad provincial de IU se basa, además según ha hecho público el propio Serafín de Tapia en una nota prensa, en que el mencionado alcalde del Partido Popular, Raúl Sánchez Moreno, cuando accedió al Consistorio, «repuso a la condenada en sus funciones administrativas, actuando desde entonces y durante años como secretaria en funciones” del Ayuntamiento de esta localidad.
FUENTE: El Diario de Ávila
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