El testimonio de dos de los tres testigos llamados a declarar por el caso de la Ciudad del Golf -el tercero, declarará hoy- llegó al juzgado número 2 de la capital. Con media hora de retraso comenzó una sesión centrada en los informes de los técnicos de la Junta de Castilla y León sobre este proyecto de Las Navas del Marqués.

A la sala llegó en primer lugar quien fuera jefe de la Sección de Espacios Naturales y Especies Protegidas del Servicio Territorial de Medio Ambiente, Sabas Yagüe, quien durante cerca de dos horas y media respondió a las preguntas de los abogados de la parte demandante, especialmente de la asociación ecologista Centaurea, de la Fiscalía y de los letrados de tres de los cuatro imputados que acudirán a prestar declaración hoy y que son los representantes del alcalde de Las Navas, del secretario del Ayuntamiento de esta localidad y del director general de Medio Natural -no estaba y así lo destacó el representante de Centaurea, Carlos Bravo, el abogado del ex delegado de la Junta, Félix San Segundo-.

Yagüe a penas habló con la prensa tras prestar declaración. Se definía tranquilo y reconocía que no esperaba una sesión tan larga, pero ya adelantó que «del contenido no puedo contar nada». En cualquier caso Yagüe dijo que su declaración testifical «ha sido muy exhaustiva y rigurosa» y añadía que fue «con muchas preguntas, muy larga, muy rigurosa y muy completa». Igual de escueto estuvo el técnico de Evaluación de Impacto Ambiental del Servicio Territorial de Medio Ambiente, Alfredo Martín, el segundo de los testigos, quien tras hora y media de declaración aseguró que fue «solamente sobre la tramitación del expediente y sobre mi informe, el que hice sobre el proyecto», dijo, asegurando que estaba tranquilo. Por su parte, el representante de Centaurea, Carlos Bravo, sí fue más concreto en sus declaraciones tras hablar con los abogados ecologistas presentes en la declaración. Los letrados le transmitieron que durante la primera declaración, Yagüe respondió a «un interrogatorio muy largo, básicamente por los abogados de Centaurea y de Cantueso, en parte, y también del fiscal», del resto de abogados presentes, según Bravo sólo realizó «alguna pregunta el del director general de Medio Natural».

Sin presiones. Para Bravo se preguntó mucho sobre los tres informes realizados en su día por Yagüe, sobre todo los dos primeros «que eran completamente distintos en sus conclusiones respecto al último», en cualquier caso según el representante de Centaurea en cuanto a Yagüe, éste manifestó que no había recibido presiones, uno de los puntos que pretenden demostrar las asociaciones ecologistas. Para ello, se basan, entre otras cosas, en el cambio de conclusiones que se produjeron en los tres informes de Yagüe, ya que según explicó Carlos Bravo en el primero, el más antiguo, se hablaba de la existencia de un área crítica de cigüeña negra en el que no se podía urbanizar. Después, continuó Bravo, se realizaron otros dos informes que al final fueron «ambiguos» y finalmente el proyecto se aprobó.

Por otra parte, el ecologista se refirió a las medidas correctoras porque en la recogida de testimonios se reconoció que las únicas que establecieron fueron las de «plantar árboles» lo que «para recobrar esa masa madura de árboles tenían que haber pasado 40 ó 50 años por lo que no le parecía una medida correctora, del mismo modo que tampoco «el estudio sobre el seguimiento de los pájaros». Medidas que son «como una guinda para disimular y que todo el procedimiento estaba viciado». Para Bravo se confirma «que se cometieron serias irregularidades» y que se trató de sacar adelante un proyecto vulnerando «la normativa comunitaria, estatal y europea sobre espacios protegidos».

Además, Bravo explicó que el área crítica ocuparía 12 hectáreas «de gran valor» y «vital para la supervivencia» de la especie.

Cigüeña negra. Carlos Bravo explicó que Sabas Yagüe, reconoció «la recalificación de un área crítica de cigüeña negra» para la Ciudad del Golf, algo que no se puede hacer desde el punto de vista legal, según el ecologista. Tampoco se valoró el impacto sobre la ZEPA y LIC según el testimonio aportado al parecer por Yagüe. Un trámite que se debe hacer pues «lo exige la normativa estatal, europea y autonómica». Otra de las cosas que reconoció Yagüe, según Bravo, fue que como medidas correctoras se hizo «un estudio del seguimiento de las aves» que no podría compensar el impacto. Al finalizar la segunda toma de declaración, Bravo afirmó que el testigo reconoció «que sobre el área crítica se había recalificado de un modo improcedente», un área que para recalificarlo -dijo Bravo- hay que sacar un decreto «que desclasifica ese área como tal» y que debe salir a información pública, algo que no se hizo. Para Bravo, la recalificación due de un modo «ilegal» y «queda claro» que no se hizo valoración del impacto sobre la ZEPA y LIC, lo que el segundo testigo dijo que «desconocía» que tuviera que hacerse y que Bravo interpretó como «lamentable» pues pondría en entredicho otros proyectos que «podrían estar mal tramitados».

FUENTE:           Diario de Ávila